Columna sin nombre.

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¿Esas eran las vías jurídicas? Jajajajajajaja

Pablo Jair Ortega
Vaya que sí había vías jurídicas todavía en el caso de la Universidad Veracruzana contra la empresa Rodríguez Pasquel Sucesores S.A. de C.V. Lo que no decían los funcionarios de gobierno era que favorecían en todo a los particulares que tienen demandada a la máxima casa de estudios por setenta y cinco millones de pesos.

Y ya salió el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia: sí tiene que pagar la universidad, no hay de otra.

Así, por más argumentos que puedan exponer los abogados encabezados por Reynaldo Escobar, invocados por el gobernador como paladines de la justicia, lo cierto es que este caso en particular tiene muchas aristas:

1.- El desconocimiento que hace el poder ejecutivo hacia el poder judicial sobre la resolución donde determina que la UV debe pagarle 75 millones de pesos a un particulares, es preocupante.

El poder judicial (pese a los señalamientos de corrupción hechos por la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros) sin duda alguna hizo con apego a la ley su dictamen en contra de la universidad, ya que lo estipulado en el contrato de la empresa con la institución está en regla y orden; el rechazo del Tribunal Superior de Justicia al amparo solicitado por la UV para desactivar la resolución, confirma lo anterior.

Lo grave es que un gobierno que se jacta de respetuoso de la división de poderes se haya envestido como juez para intervenir en un asunto de la UV que es autónoma, tiene sus propios abogados, y hasta una facultad de Derecho con renombrados académicos.

Pero sobre todo recalcar que la universidad se maneja como una entidad pública independiente del gobierno, que se maneja con recursos propios, y siendo una institución descentralizada, que debe afrontar sus propios problemas y asuntos como un organismo con personalidad jurídica propia, sin necesidad de la intervención del gobierno.

Sí podría entenderse que los alumnos egresados quieran defender su alma máter, por el cariño y la nostalgia que les remite el haber sido parte de una generación universitaria, pero no que funcionarios de gobierno intervengan a sabiendas de que uno de ellos es un ex rector que a su paso manejó de manera controvertida a la UV, lo cual levanta sospechas: funcionarios defendiendo lo que otro funcionario originó.

La actitud del gobernador "de haber salido a la palestra para defender a la Universidad Veracruzana" causó extrañeza al desconocer inmediatamente la resolución del Poder Judicial veracruzano; y causó más asombro cuando puso a disposición de la máxima casa de estudios a personal del gobierno estatal para defender a la universidad en un pleito legal ya resuelto por las instancias correspondientes.

Se antoja más una actitud de porro estudiantil, como aquellos soldados escolares dispuestos a abatirse con todo por una causa, sin importar si haya razón o no. Si bien el gobernador, el secretario de Gobierno, o muchos de los políticos que hoy son gobernantes estudiaron en la Universidad Veracruzana y tienen un especial aprecio por ella, sería mejor dejar que se procediera conforme a derecho y a lo dictado por la justicia veracruzana, confirmada por el poder judicial de la federación, si en realidad sintieran algo por la UV fuera de los intereses políticos, porque en sus aulas deberían haber aprendido lo básico de la justicia.

Con la reacción espontánea de Fidel Herrera pareciera que el fondo del asunto fuese el encubrir todos los malos manejos que pudiera haber realizado el ex rector Víctor Arredondo, quien ahora es secretario del gabinete de Fidel Herrera, encargado de la educación.

2.- La responsabilidad aceptada por el ex rector Víctor Arredondo Álvarez , ahora flamante secretario de educación, y la protección que le brinda el gobernador Fidel Herrera.

Es inconcebible la manera en que se le protege al secretario Víctor Arredondo, sobretodo el sostenimiento en el cargo. Desde que fue nombrado como tal, pese a las reiteradas críticas de su mal manejo en la UV, no han sido pocas las voces que criticaron la elección del gobernador Fidel Herrera.

Para nadie son secretos los fracasos del secretario de educación, como el de la universidad virtual. Tampoco es desconocido el gran número de estudiantes rechazados cada año en la UV y que se han ido incrementado año con año. El caso de quienes cobran en la nómina como "investigadores" de los diversos institutos de investigación. Lo de contratos de la Universidad hacia compañías constructoras de familiares. Pero sobretodo su presunta y reiterada públicamente adicción a la cocaína.

Por eso resulta incierta la razón por la cual el gobernador Fidel Herrera se haya decidido por Arredondo para encargarle los asuntos educativos de Veracruz, y más aún que mantenga en su puesto a alguien que no ha ofrecido ningún resultado concreto, y si comienza a dar señales de lo que podría dejar en la Secretaría de Educación una vez que la abandone. Ahí están dos ejemplos de lo que podría ser otro escándalo en el futuro: el Proyecto Vasconcelos o el Consorcio Clavijero, del mismo entorno de los proyectos educativos inciertos como la UV Virtual.

Mal parafraseando a Voltaire: "defenderé tu derecho de escudarte en mi gobierno". Si bien el gobernador ha tenido una imagen implacable de servicio al frente de la administración estatal (no es que sea el mejor gobernador de Veracruz, es que simplemente está actuando como debe actuar un verdadero servidor público y líder, lo que contrasta con el pasado gobernador Miguel Alemán, envuelto en su jaula de oro), llama la atención el porqué permite que crezcan los escándalos al incluir a personajes que son especialistas en crearlos: Reynaldo Escobar y Víctor Arredondo.

Bien debería considerar el gobernante que así como fue bien visto los regaños que ha hecho públicamente a sus subordinados, también debería destacarse una acción que permita ver una eficiencia en el gobierno: el que no pueda con el cargo, simplemente que renuncie, y si está envuelto en irregularidades que afecten el patrimonio público, que se le investigue.

3.- La ocultación del Órgano Fiscalizador de las cuentas de la Universidad Veracruzana, la cual, a pesar de ser autónoma y descentralizada, no deja de ser un organismo público, pagada por impuestos de los veracruzanos. Que la falta de leyes de transparencia en el estado ha permitido que creciera el caso a estos niveles de escándalo, donde desgraciadamente vuelve atentarse contra el patrimonio público con setenta y cinco millones de pesos provenientes del erario que irán a la cuenta de una empresa particular.

Es lamentable que el ORFIS opere de esta manera discrecional de acuerdo a los intereses de la clase política, y nunca reporte públicamente casos como el anterior, que explotó en la cara de todos los veracruzanos cuando se supo de la resolución del poder judicial, y que ha causado toda la movilización de los ex alumnos hoy funcionarios de gobierno, pero sobretodo ha causado indignación popular.

Es una pena que, como acostumbran los políticos al marcar los asuntos como "delicados", dichos temas los desconozca la población y que solamente se entere de que tiene que pagar una deuda por la ineptitud de Víctor Arredondo. Como sucede en todos los casos, por la culpa admitida de alguien tenemos que pagar todos, al fin que los impuestos son para siempre e inacabables, no así nuestra paciencia.

Una pena que el ORFIS haya ocultado en todo momento el asunto, protegiendo a Arredondo y convirtiéndose en cómplice al esconder información vital y de interés público. Es lamentable que a estas alturas en Veracruz se tenga que ocultar cuestiones como la anterior, porque nos lleva a pensar que hay más casos ocultos por el gobierno y las dependencias públicas que no se dan a conocer por la confidencialidad convenenciera del Órgano Fiscalizador.

Si desde un principio se hubiese dado a conocer dicho contrato tan alevoso y benéfico para la empresa particular, el monto del gasto tan inútil en equipos obsoletos y usados, estamos seguros que en ningún momento se hubiese celebrado un convenio tan desigual e injusto en términos mercantiles, y no existirían los actuales lloriqueos de las autoridades universitarias.

4.- El "Acuerdo entre ambas partes", determinado por el gobernador Fidel Herrera como vía de solución a este problema. Este "acuerdo entre ambas partes" solamente puede significar una cosa: que Rodríguez Pasquel Sucesores tenga derecho a contratos de prestaciones de servicio al gobierno estatal; que entonces habrá licitaciones o contratos gubernamentales que beneficien a dicha empresa con sede en Orizaba.

También es triste ver que se tenga que negociar los términos estipulados por la ley, involucrándose el gobierno estatal en un asunto que sólo concierne a la Universidad Veracruzana. Si bien es cierto que es un patrimonio público y que el gobernador como representante de todos los veracruzanos debe velar por el bien común, lo que le tocaría al mandatario sería meter en orden a quienes precisamente hoy tiene habilitados como parte de su gabinete y ordenar investigaciones más amplias dentro del marco de la ley.

Es una vergüenza el que hoy todavía tenga que negociarse al margen de la ley, independientemente de si a la empresa le convenga o no, pero que al fin de cuentas muestra el lado paternalista del gobierno de Fidel Herrera al intervenir (ya sea por sentimentalismos o no) en un asunto que le compete a la ineptitud de las autoridades universitarias.

Donde sí debería actuar es sobre Arredondo para evitarse mayores dolores de cabeza, porque así como le dijo a Rafael Murillo "no puedo estar haciendo tu trabajo", bien podríamos decirle los veracruzanos lo mismo, ya que parte del empleo de Fidel Herrera como buen gobernador que es, incluye el despedir a los funcionarios ineptos para estos menesteres de la administración fiel a Veracruz.
pablo.jair.ortega@gmail.com

18/05/06 Nota 44003 

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