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| • Es necesario sancionar a todos los que incurran en delitos.
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A+ A- Redacción// www.orizabaenred.com.mx
Xalapa, Ver.- El diputado
Armando López Contreras , a nombre de las y los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional presentó una Iniciativa en materia de delitos cometidos por servidores públicos en contra de la procuración y administración de justicia.
Dijo que las normas jurídicas son el entramado básico que permite a los ciudadanos una convivencia ordenada, y a su vez, evitan que los actos injustos se normalicen en la sociedad; agregó que en el caso específico del derecho penal, deben proteger a los individuos de resoluciones indebidas que las autoridades que procuran e imparten justicia, puedan llevar a cabo en perjuicio de aquéllos.
"A dicha conducta se le ha conocido, desde hace mucho tiempo como prevaricación. Se trata de un delito que ocurre cuando una autoridad, juez u otro funcionario público dicta una sentencia o resolución arbitraria, a sabiendas que dicha resolución es injusta. Esto implica que falta a los deberes y obligaciones inherentes a su cargo, con la plena conciencia de ello, o en su defecto por ignorancia o negligencia, que de ningún modo puede ser excusada".
El legislador local López Contreras destacó que con dicho delito se busca tutelar un bien jurídico fundamental como lo es el correcto ejercicio de la función pública, que además implica el sometimiento a la ley y un acceso garantizado a la justicia para el ciudadano.
Resaltó que no existe ninguna defensa frente a las posibles arbitrariedades que lleguen a cometer los servidores públicos que tengan encomendadas facultades en los ámbitos ya señalados, pues sólo se sancionan de modo indirecto a tales funcionarios, limitándose el castigo a los ciudadanos que obstaculicen el correcto desarrollo de la impartición de justicia.
Armando López puntualizó que es necesario que se ajuste el ordenamiento punitivo, como ha sucedido ya en 28 entidades federativas, para que existan tipos penales que detallen debidamente la conducta antisocial de ciertos servidores públicos, encargados de la administración y procuración de justicia, que arbitrariamente resuelvan o ejecuten actos contrarios al marco normativo en perjuicio de los ciudadanos.
"Ello implica tanto la incorporación de la conducta clásicamente calificada de prevaricación, limitada a la actuación de los órganos judiciales al dictar sentencias, así como las conductas ilícitas de otros servidores públicos, que se agruparán atendiendo el bien que se tutela, ya sea la procuración o la administración de justicia".
El diputado local,
Armando López Contreras externó la preocupación que los miembros del Grupo Legislativo del PRI buscan atender son los cada vez más altos índices de percepción ciudadana relacionados a la corrupción y la impunidad, y algunos casos que se encuentran vinculados a la procuración e impartición de justicia. Según datos del estudio realizado por la organización civil "Opciona", sólo un 23% de los encuestados expresa su confianza en el actuar de los miembros del Poder Judicial, y apenas el 19% se manifiesta respecto al trabajo desempeñado por el ministerio público. Las cifras resultan alarmantes si consideramos que en tales instituciones se depositan, de forma preponderante, las funciones de administrar justicia.
Concluyó diciendo que estiman necesario que se sancionen todos aquellos actos injustos que lleguen a cometer los servidores públicos, relacionados a la procuración e impartición de justicia, con el fin de proteger a la sociedad y sus valores más altos.
06/09/17
Nota 124972
