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| Piden abogados no confundir crisis laboral con crisis política en PEMEX.
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A+ A- Orizaba, Ver.- La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, a la que pertenece
María Luisa Campos , asesor jurídico de los trabajadores en lucha de la CIVSA de Ciudad Mendoza, emitió una declaración sobre el conflicto de Pemex, donde destaca que la crisis política y laboral de la paraestatal es compleja y viene de tiempo atrás, por lo que sería un error confundir lo laboral con la manipulación política y los delitos penales y de otro tipo que en dicho conflicto se expresan.
En un documento dnde firman al menos 50 abogados de la ANAD cuya presidenta es Ernestina Godoy, manifiestan que es fama pública la larga trayectoria de corrupción de la empresa más importante del país, de sus diorectivos y de los lpíderes sinciales, aunque siempre más publicitada la de los últimos, pero sin olvidar que en la corrupción siempre hay dos partes, no sólo una y peor resulta cuando son tres o cuatro partes las involucradas: los gobiernos federales previos que subordinaron a sus planes a la empresa pública y un partido que por dos décadas también intervino en la empresa y el sindicato.
Tales intervenciones, además impidieron la organización independiente sindical.
Agregan que pese a que los petroleros escribieron una de las páginas más brillantes de la historia antes y después del 18 de marzo de 1938, desde el gobierno de Alemán los sometieron a un régimen corporativo y a un sistema de corrupción del que los trabajadores son las víctimas, y que hasta hoy prevalece: venta de plazas, interinatos de por vida, canonjías y otros vicios.
No obstante, en el caso de la corrupción electoral, las cosas van más lejos en cuanto a los montos y en cuanto a su destino. Sin olvidar que unos son los cómplices y otros los ejecutores de la corrupción de los recursos de Pemex, los que debieran ser exclusivos de la nación.
Luego destaca que los famosos "convenios administrativos" entre Pemex y el sindicato, lo mismo han servido para el reajuste masivo de trabajadores y la pérdida de derechos adquiridos, que para otorgar enormes sumas de dinero, de lo que son ajenos los trabajadores de base.
Por todo lo anterior, dijo la ANAD que exige, como toda la sociedad también, que se lleven a cabo y hasta su conslusión las investigaciones y averiguaciones necesarias apegadas a derecho y, consecuentemente, las sanciones legales a los responsables.
Finalmente recuerdan que en la Secretaría del Trabajo están depositados los estatutos de la CTM y los del Sindicato petrolero que obligan a los trabajadores a afiliarse al PRI, en contra de las garantías y las libertades ciudadanas que consagra la Constitución. Esa misma dependencia del Ejecutivo, en su proyecto de Reforma Laboral cobija este modelo de sindicalismo y además la STyPS no tiene ninguna facultad legal para aplicar el tope salarial en la revisión a petroleros y a los trabajadores del país, como lo ha hecho en varios casos.
21/09/03
Nota 13430
