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| Abogados afirman que la Procuraduría General violan el artículo 20 Constitucional de la Cart
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A+ A- Orizaba, Ver.- Un buen número de abogados sé inconformaron ayer afuera de las instalaciones del Reclusorio Regional, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, les negaron el acceso al centro penitenciario en esta localidad. Los abogados, pasantes y litigantes, acusaron presuntamente al procurador de justicia
Pericles Namorado Urrutia , de violar el artículo 20 Constitucional de la Carta Magna.
Datos aportados por el abogado
Oscar Mirón Díaz , en representación de los pasantes, reveló que están inconformes con las nuevas disposiciones emitidas por la Procuraduría General de Justicia (PGJE) toda vez que ahora para poder ingresar al Centro de Rehabilitación y Prevención Social (Cereso), los custodios de la SP les piden como requisitos la cedula profesional.
Explicaron que hoy no solamente enfrentan problemas para ingresar al Reclusorio Regional, sino que además en las agencias del
Ministerio Público Investigador , tras mencionar que los funcionarios les exigen que comprueben su abogacía a través de una cedula profesional, violándose a todas luces el artículo 20 de la Constitución Mexicana fracción 98, así como el artículo quinto, que establece el desempeño de sus actividades de una manera licita.
Precisaron que esta orden emitida por las altas cúpula en el estado, pretenden mediante circulares impedir el acceso libre a los abogados en general, contradiciendo las disposiciones que encuadra la misma Constitución que rige a nuestro país. Indicaron que harán patente este descontento si es preciso ante las autoridades estatales.
Los profesionistas a quienes impidieron el acceso a las instalaciones del penal se reunieron con el director del centro penitenciario
Ricardo Flores Llanillo , afuera del inmueble, para hacerle notar su descontento por las medidas que han adoptado funcionarios de la Dirección General del Centro de Rehabilitación Social en el estado, haciéndole saber que lo anterior les impide entrevistarse con sus clientes actualmente internados en el Cereso.
Asimismo acusaron a la PGJE de impedir sus actividades como profesionales que repercutirá indudablemente en los ingresos que de esta actividad perciben, y con las cuales solventan las necesidades de su familiares, personales y profesionales.
Incluso contradiciendo lo que señala la Ley de Profesionales para el estado de Veracruz, que concede a los pasantes de la carrera en licenciado en Derecho el otorgamiento de autorización con todas las facultades para ejercer libremente la profesión.
Oscar Mirón Díaz , apuntó que con estas nuevas disposiciones se priva a los internos procesados de la posibilidad de recibir a sus abogados o persona de confianza la asesoría correspondiente a través de las gestiones que se vienen realizando en los procesos penales, por lo que consideraron injustas estas medidas aprobatorias por funcionarios estatales.
22/09/03
Nota 13458
