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| Lo único que tiene es acta de cierre de auditoría, que no es lo mismo que el informe final.
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A+ A- Orizaba, Ver.- Hasta el momento, el ayuntamiento de Orizaba no ha recibido la resolución definitiva de la Cuenta Pública del 2001 y esto se puede demostrar con documentos "en la mano", aseveró
Carlos Alberto Montero Irigoyen , director de Egresos del ayuntamiento de Orizaba.
Destacó que a pesar de lo señalado el pasado viernes, cuando el Congreso aprobó el punto resolutivo, y lo que se publicó ayer en el diario de Xalapa, en donde el diputado
José Luis Salas Torres dice que ya se recibió, lo cierto es que hasta la fecha "no sabemos qué fue lo que concluyó el Orfis en relación con el proceso 2001 y qué concluyó en relación con el proceso 2002".
Estableció que una cosa es el acta de cierre, que es lo que se recibió, y otra el pliego de observaciones que se incluyen en el informe final de la auditoría.
Explicó que se cuentan con dos periciales contables que les favorecen, que son el de la Auditoría Superior de la Federación por lo que toca al ejercicio 2001, mientras que el Congreso ordenó la revisión, mediante decreto del 10 de octubre, de 3 puntos del 2001, y con ese pretexto, el Orfis hizo una nueva auditoría y se tuvo aquí la permanencia del interventor.
Puntualizó que los 3 puntos a los que se dio seguimiento fueron: veracidad de los saldos iniciales, verificación de los saldos finales del 2001 e iniciales del 2002 y de las diferencias en cuanto a la cuenta pública, y verificación del origen de los reintegros.
Sostuvo que se necesita conocer el informe de resultados o de lo contrario el ayuntamiento orizabeño queda en estado de indefensión "y nos vamos a ver en la necesidad de proceder por vía jurídica y legal, que de hecho ya estamos adelantando los trámites para cuando esto suceda".
Aseguró que en este aspecto las leyes son muy precisas y si se les quiere juzgar con la ley anterior, el artículo 34 es claro e indica que los entes fiscalizables tienen 20 días hábiles para poder solventar, una vez que se les ha notificado, y si es la nueva normatividad, establece lo conducente en su artículo 30, fracción tercera y cuarta.
Destacó que la información extraoficial que de manera irresponsable se hizo llegar a los medios de comunicación, y en la que se señalaba aun presunto desvío por 102 millones de pesos en el ejercicio 2002, no tiene ninguna firma, carece de toda legalidad y no está ni siquiera en hoja membretada del Congreso, por lo que se ignora quién hizo el boletín.
No obstante, Montero Irigoyen apuntó que se tendrá que proceder contra los responsables por parte de la dirección de Comunicación Social del Congreso del estado en virtud de que esa información salió de ahí, y se tiene copia del comunicado y la lista de correos electrónicos a los cuáles se mandó.
17/03/04
Nota 19921
