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| La contraloría podría fincar responsabilidad a 5 ex funcionarios.
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A+ A- De la redacción.
La Contraloría General del Estado podría fincar responsabilidad administrativa en contra de cinco ex funcionarios de la Dirección General de Tránsito y Trasporte y un ex contralor interno de la Secretaría de Seguridad Pública al hallarles evidencia de su inobservancia a preceptos jurídicos y administrativos relacionados con el otorgamiento de concesiones del Transporte Público por los ejercicios 2003 y 2004.
Al concluir la Auditoría de Legalidad al proceso de otorgamiento de dichas concesiones, la Contralora General del
Estado Susana Torres Hernández entregó la noche del lunes el documento al secretario de Seguridad Pública general
Rigoberto Rivera Hernández a quien recomienda -así como al director general de Tránsito y Transporte, Harry Jackson Sosa--, en uso de sus facultades y atribuciones, proceder a ejercer las acciones legales correspondientes.
Los ex servidores públicos señalados son:
Jorge Luis Torres Gómez , ex subdirector de Transporte Público;
Emilio Edgardo Ojeda Uc, ex jefe del Departamento de Transporte Público en la modalidad de taxis;
Cándido García Alatriste y
Francisco Javier Torres Llinas , ex jefes del Departamento de Transporte Público en la modalidad de mixto-rural, y
César Javier Lucho Morán , ex jefe de la Oficina de Ventanilla Única.
Todos ellos, según determinó la auditoría, con su actuar negligente y omiso transgredieron todo lo relativo a las normas legales del caso.
También se podría sancionar al ex titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública,
Mauricio Pavón Pavón , quien fue omiso en ejercer sus atribuciones en lo relativo a investigar e iniciar los procedimientos de responsabilidades sobre los hechos que tuvo conocimiento.
La auditoría comprendió el periodo de revisión del 4 de enero al 11 de febrero de este año y su procedimiento se orientó a verificar que los actos realizados con motivo de la entrega de concesiones correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004 se hayan ajustado a la reglamentación vigente o, en su caso, no se haya causado daño o perjuicio ni existido desvío de recursos en contra de la Hacienda Pública, además de comprobar que el ejercicio de las funciones y atribuciones de los servidores públicos involucrados en este proceso se haya apegado a derecho y a la normatividad administrativa aplicable, manifestó la Contralora General.
De acuerdo a la funcionaria, derivado de la revisión documental de 8,081 expedientes de "concesiones" en sus diversas modalidades que expidió la pasada administración de la Dirección General de Tránsito y Transporte, se determinó:
• En ningún caso se otorgó Título de Concesión de Servicio de Transporte Público;
• El desorden en la administración de documentos y la falta de un control adecuado para el otorgamiento de concesiones en sus diferentes modalidades trajo como consecuencia una deficiente integración de los expedientes.
Se logró comprobar que el total de los expedientes carece al menos de un requisito, lo que se traduce que, en términos del artículo 168 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte, la solicitud debió haber sido denegada.
• Con la documentación que integra los expedientes, no se puede afirmar la cantidad de juegos de placas entregadas; sin embargo, existe evidencia del banco de placas proporcionado por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la cual reporta la entrega de 6,395 juegos.
16/02/05
Nota 32877
