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| PRD fija postura a la propuesta del PAN.
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A+ A- Xalapa, Ver.- En relación con la iniciativa de ley para derogar el impuesto sobre la nómina, presentada el miércoles 24 del presente por el grupo legislativo del PAN, en la sesión ordinaria del Congreso local, el PRD fija su postura:
Si bien puede ser tomada esta medida como algo positivo para muchos pequeños empresarios cuyas condiciones en este momento no son las más propicias para seguir fomentando los negocios y la inversión, cabe señalar que tomar una decisión de esta naturaleza, traería severas consecuencias negativas.
Como todos sabemos, la distribución de competencias fiscales entre la federación, las entidades federativas y los municipios es bastante concentrada y desigual, siendo la federación quien absorbe la captación de los impuestos más significativos.
Así, las cosas, el 95 % de los ingresos que capta el gobierno del estado provienen de las participaciones, transferencias y aportaciones de la federación. El otro 5 % proviene de los recursos propios que capta el gobierno estatal por el cobro de los diferentes impuestos como el que grava la tenencia de vehículos, así como por los derechos, productos y aprovechamientos. Sin embargo, antes de que se estableciera el cobro del impuesto sobre la nómina, el porcentaje del total de ingresos propios no llegaba al 3 %.
Al empezar a cobrar dicho impuesto, fue cuando se logró obtener ese 5 % merced a que esa situación, permitió al gobierno estatal incrementar en poco más del 100 % los ingresos propios, los que no provienen de fondos federales.
El impuesto del 2 % sobre la nómina es uno de las pocos impuestos cuyo cobro se le deja a las entidades federativas. Como bien lo argumentó el diputado que presentó la iniciativa, se perciben anualmente un promedio de poco más de 900 millones de pesos.
Además, la modalidad de cobro que se ha dado a ese impuesto, al constituir un fideicomiso cuyo fin es destinar el ingreso por ese impuesto exclusivamente a obras públicas, es una modalidad interesante que permitió ejecutar la poca obra pública que se hizo en el gobierno anterior.
Si se elimina este impuesto, debemos pensar, en efecto, que el gobierno estatal se quedará sin 900 millones de pesos anuales aproximadamente, pero, si lo multiplicamos por seis años que dura el periodo, se convierte esta cantidad aproximadamente en unos 5, 400 millones de pesos, cantidad más que necesaria para el financiamiento de la obra pública y el desarrollo de Veracruz.
La captación de ese impuesto permite concentrar recursos para la inversión pública, sirviendo más de esa manera al fomento del empleo, cuestión que, por otro lado, no se fomentaría necesariamente si esos recursos se quedan en las manos particulares de los empresarios, en la misma proporción.
Como sabemos, la mayoría de las entidades federativas utiliza el cobro de este impuesto como instrumento para fortalecer las finanzas públicas, incluidos entre ellos, los gobiernos panistas. Ello es así porque los gobiernos no pueden renunciar tan fácilmente a uno de los pocos instrumentos fiscales que la federación deja a las entidades.
Nos parece correcta la intención del grupo legislativo del PAN al buscar reducir la carga tributaria a los empresarios y fomentar con ello la inversión y el empleo, sin embargo, hay que meditar seriamente las consecuencias macroeconómicas que ello provoca, que pueden ser contrarias a sus intenciones.
Lo que procede es que, en el marco de los acuerdos para la gobernabilidad, se impulse ante el Congreso de la Unión una reforma fiscal que, entre otras cosas, otorgue mayores competencias fiscales a las entidades, sin que se de una sobrecarga tributaria para los trabajadores y empresarios.
30/05/05
Nota 35421
