Los jueces en terror

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Cesar Augusto Vázquez Chagoya .
Protegidos por el gobierno de Miguel Alemán, los Picazo de Coyutla se deshacen de los hermanos Jiménez Rosas, hijos del gran cacique Onésimo Jiménez Zaragoza para tomar el control municipal. Los Picazo venían huyendo de Puebla, después de quemar vivos a sus rivales. Por otra parte, los Rivera Nasser surgen de un doctor hondureño y de una reina de belleza de Coyutla. Los padres de los Picazo y los Nasser, vecinos y grandes amigos, pero los hijos que fueron a estudiar se enfrentan por ideologías. En una conversación en noviembre del 2002, Basilio Picazo Pérez , el alcalde de Coyutla, el ingeniero, ya anunciaba en qué iba a terminar todo: "Los mataré a la hora que se me hinchen".

Lo que se saca en esa conversación, es la gran alianza que tenía con Guillermo Zorrilla, Rómulo Salazar Macias y Alfonso Allegretti Mejia . Lo anterior lo gritaba al viento. Todos los sabían, hasta el gobernador de ese entonces, quien dejó correr los atropellos en contra de los indígenas del Totonacapan. Este grupo se metió a la política, y tiene su financiamiento en actividades ilícitas y en los recursos municipales. Con poder y con dinero, tienen copados a los miembros del poder judicial en todas sus áreas en el Totonacapan.

¿Usted cree que un juez o agente del Ministerio Público, con un sueldo de casi 15 mil pesos mensuales, puede pagar la casa donde viven su esposa e hijos y aparte pagarse hospedaje, comida y transporte donde trabajan, que siempre es distinto donde tienen su hogar? Si se aplicara la justicia en serio, ¿quién los defiende? Nadie. No hay nadie en toda la República quien pueda garantizar la vida de los policías, agentes del Ministerio Público y de los jueces. Aquí todo lo resolvemos con conferencias y seminarios, pero nadie va al fondo del problema. ¿Cómo pueden los jueces aplicar la justicia, si para sobrevivir en un juzgado, tienen que recurrir a las presidencias municipales o grupos de poder regional?

¿Hay compromisos de los jueces, policías y ministerios públicos con los poderes regionales? No tienen de otra, lamentablemente. Mientras en el Congreso de Veracruz se gastan el dinero a manos llenas en carros, asesores, reuniones en otras ciudades, viáticos, oficinas de gestoría, la justicia la mantienen por los suelos. No se escapa el gobernador Fidel Herrera Beltrán . Ya se sabe que todos los problemas de Veracruz son graves y urgentes, pero no puede dejar en manos del hampa la vida de los miembros del poder judicial. ¿Dónde está la iniciativa de ley para castigar hasta con 50 años de cárcel a los que atenten contra la integridad del Poder Judicial? ¿Dónde está la gran reforma del Ministerio Público? ¿Dónde se perciben los sueldos decorosos para policías, ministerios públicos y jueces?

Leticia García Perea (a quien el entonces alcalde Basilio Picazo Pérez le prestó policías municipales de Coyutla para desalojarle una casa en Veracruz, y murió un elemento coyutleco a manos de la Policía Intermunicipal por culpa del edil), en complicidad con Montano y el ex alcalde de Coyutla, fue premiada después ser diputada local, como delegada del Transporte Público en los Tuxtlas, pero como se peleó con los transportistas, la quitaron ¿Sabe a dónde la mandaron? A Poza Rica como encargada del C4, dependencia que se encarga de coordinar los esfuerzos de los cuerpos de seguridad y de Protección Civil, que ahora están al servicio del grupo de Guillermo Zorrilla, Rómulo Salazar y Basilio Picazo.

¿Qué explicación hay cuando ese grupo es señalado como los autores de los últimos asesinatos políticos de la zona norte y de los homicidios por la lucha por el poder del narcotráfico? ¿Con quién juega el gobernador?

¿Corren peligro la vida de los Rivera Nasser y de la ex regidora Hortensia Escudero Escamilla? Claro que sí, porque tuvieron la hombría y las faldas (ahora que la Procuraduría agarró a los asesinos del ex síndico de Coyutla, Miguel Alfonso Vázquez) de señalar a los que estaban atrás de los ejecutores materiales: Zorrilla, Rómulo, Basilio y al actual alcalde de Coyutla, el talamotes Benito Picazo Pérez . ¿Qué pasó ante esa actitud cívica? A Basilio Picazo le dieron el "pitazo" para que huyera a pesar que el Procurador Emeterio López Márquez ordenó su captura inmediata. Sólo faltaba que él, en persona, fuera a agarrarlo. Está sentado en una criminal banda de complicidades y podíamos asegurar que también su vida corre peligro.

La actitud del agente del Ministerio Público de Papantla, Pablo Miguel Rachet Cruz , y del juez Héctor Espinosa Espino , han dejado mucho que desear. El primero por dejar libre a Juan Carlos Rodríguez Vera , primo hermano del principal asesino de Miguel Alfonso Vázquez e hijo del comandante de la Policía Municipal de Coyutla, Carlos Rodríguez Rodríguez , quien tardó dos horas en avisar del asesinato del ex síndico a la Policía del Estado. El segundo, por negar la orden de aprehensión contra Basilio Picazo como autor intelectual en el intento de homicidio de Sergio Rivera Nasser.

Pero hay interrogantes muy fáciles de pensar y comprobar, y la autoridad judicial no actúa. ¿No hay responsabilidad en contra de Benito Picazo por haber preparado el escenario del crimen del ex síndico al arreglar días antes el camino a San Andresito para facilitar la huida de los asesinos? ¿No hay responsabilidad contra de los diputados federales Guillermo Zorrilla Fernández y Rómulo Salazar? El primero es tío del administrador de los bienes de Rómulo, especialmente de la empacadora de donde salieron y se refugiaron los asesinos Vicente Rodríguez Lascano y Rodolfo Carballo Rivera. También el pariente el Zorrilla, José Antonio Cajigal Zorrilla, se le inmiscuye en la desaparición del esposo de su amante Miriam Díaz Pérez, el piloto Luís Enrique de Castro Ramírez. ¿No hay responsabilidad contra el ex comandante de la Policía Municipal de Coyutla, Carlos Rodríguez, por omisión por retener información vital después del asesinato del ex síndico? ¿Qué autoridad en Papantla, como el Ministerio Público y Policía Ministerial, arrestó a Carlos Rodríguez, cuando de manera prepotente se metió a la agencia del Ministerio Publico después que se le detuvo a su hijo Juan Carlos, en Álamo, en posesión de una de las armas asesinas del ex síndico, alegando de que a su hijo lo detuvieron sin orden de aprehensión?

Los verdugos quieren justicia y la van a lastimar más, porque el sistema judicial veracruzano es débil. La muestra es que la jueza de Orizaba, Cristina Cabrera Lara, en noviembre del 2004, dejó en libertad a un sicario del cártel del Golfo, de nombre Rodolfo Arzaga, porque la amenazaron con matarla a ella y a su familia. El juez de Jalacingo dejó en libertad al narcotraficante Atanasio Encarnación Neri, inmiscuido en la extorsión a la alcaldesa de Atzalan, quien vive ahora rodeada de policías para que no la maten. El juez Héctor Espinosa Espino , de Papantla, después de tambalearse ante el caso de Basilio Picazo, fue cambiado a Veracruz, en una aparente rotación de jueces, pero que no resuelve nada. Los jueces de Veracruz viven en el terror

19/06/05 Nota 35912 

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