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| Se aprobaron reformas al artículo 18 bis de la ley orgánica del poder ejecutivo.
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A+ A- Malú Sánchez Pozos .
Comenta Mauricio Duck que en la pasada sesión de la diputación permanente y con el propósito de que los veracruzanos cuenten con una administración pública de calidad, se aprobaron reformas al artículo 18 bis de la ley orgánica del poder ejecutivo en el sentido de conjuntar las funciones de la secretaría de gobierno con las que competen a la dirección general de tránsito y transporte, es decir, que sea dicha secretaría quien coordine, dirija y vigile la política estatal en materia de tránsito y transporte con el objeto de brindar una mayor eficiencia y eficacia en la solución de conflictos al respecto, incluyendo a su vez la figura del secretario de gobierno como una autoridad facultada en la materia de tránsito y transporte del estado.
De igual manera afirma el diputado Mauricio Duck que en materia de transporte se dictaminaron a favor, las reformas respecto a la representatividad de los transportistas en todas las modalidades y submodalidades, lo cual resulta indispensable para poder dialogar, negociar y sensibilizar los conflictos en la materia frente a otras autoridades competentes, aprobándose para que exista un solo consejo estatal del transporte quien será el canal para la solución de los conflictos, teniendo por tanto como objeto el beneficiar a los usuarios del servicio de transporte público al ser el órgano de vinculación administrativo entre el gobierno del estado y los transportistas.
Por otro lado, atendiendo a lo dispuesto en la constitución federal respecto a las adiciones o reformas que pueda sufrir ésta, se dictaminaron cuatro minutas remitidas por el congreso de la unión y posterior al análisis y estudio de las mismas se aprobaron en sentido afirmativo.
La primera de ellas manifiesta Duck Núñez, fue enviada por la cámara de senadores en el tenor de modificar los artículos 46, 73, 76 y 105 de la constitución política de los estados unidos mexicanos para que sea este el órgano quien resuelva los conflictos territoriales entre los estados, a través de la determinación legislativa de los límites de cada una de las entidades y el distrito federal, cuando éstos así lo soliciten.
Dicha determinación será mediante decreto, resolución definitiva, que únicamente la suprema corte de justicia de la nación, a solicitud de parte, conforme a la ley y mediante controversia constitucional, podrá conocer de los conflictos derivados de la ejecución del decreto, fortaleciéndose de esa manera el sistema federal, al subsanar el vacío legal respecto a la distribución territorial de las entidades federativas.
Así entonces, otra de ellas fue en el sentido de abolir la pena de muerte en el sistema jurídico mexicano, al reformar los artículos 14 y 22 constitucional, toda vez que si bien el estado está legitimado para imponer sanciones a aquellos sujetos que infrinjan las normas y atenten contra los derechos humanos, esto no debe implicar la aplicación de la pena capital, pues resultaría inconcebible que se castigara de la misma manera, es decir, vulnerando los bienes jurídicos tutelados de las personas. Por lo que con ello se deja a salvo una garantía fundamental e inalienable del individuo, el derecho a la vida.
El vicecoordinador del grupo legislativo de acción nacional, continua comentando que otra de las minutas también presentadas por la cámara de diputados, fue la de establecer en el texto constitucional, artículo 18, las bases, principios y lineamientos esenciales, necesarios para implementar un nuevo sistema de justicia eficaz y garante de los derechos de los menores de edad, que permitan el posterior desarrollo de una legislación específica en la materia, tanto a nivel local como federal, pretendiendo en ese sentido, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.
Ya para finalizar, comenta el presidente de la comisión de justicia y puntos constitucionales que la última de las minutas presentadas por la cámara de diputados fue la relativa en dar sustento jurídico a nuevos mecanismos de coordinación entre la federación y las entidades federativas para hacer frente al fenómeno de la criminalidad en el país, proponiendo entonces que los órganos federales y estatales encargados de la procuración de justicia puedan reconocer conjuntamente de ciertos delitos del orden federal, de manera que cuenten con facultades para investigarlos, perseguirlos ante los tribunales que correspondan, mismos que también estarán facultados para conocer los procesos respectivos e imponer las sanciones procedentes.
06/10/05
Nota 38586
