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| • En tres puntos de la zona centro operan bandas organizadas; Rendón García.
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A+ A- • Venden desde diesel, productos de dudosa procedencia, hasta sexo y todo tipo de documentos apócrifos.
Juan H. Santos.
La Delegación Córdoba-Orizaba de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga exige a las autoridades encargadas de la Seguridad y de impartir la Justicia en el Estado de Veracruz, atacar, sin contemplaciones, el descarado tráfico de mercancía de dudosa procedencia, sexo y documentos apócrifos, en los paraderos de unidades pesadas localizados en la Zona Centro de la entidad.
Exponen, que se trata del paradero de Esperanza, en la zona limítrofe Veracruz-Puebla; el paradero de San Cristóbal localizado en el municipio de Huiiloapan de Cuauhtémoc y del paradero de Rancho Trejo, donde operan bandas delictivas con total impunidad.
Y es que éstos tres puntos al ser sitio de descanso para transportistas de todo el país, ha sido el lugar idóneo para actividades ilegales como es la compra-venta ilegal de diesel, gasolina, diversa mercancía de dudosa procedencia; asaltos a los propios traileros; tráfico de sexo en hombres y mujeres; así como la venta de todo tipo de documentos para comprobar gastos, impresas en centros clandestinos.
Por ello mismo, preocupados por la situación de inseguridad que se genera en esos tres puntos, éste lunes se llevó al cabo una reunión informativa en las oficinas de la Delegación de la CANACAR en el municipio de Río Blanco.
Asistieron, empresarios transportistas, autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJ),
Policía Federal Preventiva (PFP), Policías Municipales de Veracruz, Córdoba, Orizaba, Río Blanco y Nogales.
En entrevista, el Director de la Delegación Regional de la CANACAR
Jaime Rendón García explicó que es interés de los empresarios transportistas combatir el crimen organizado y para ello, la colaboración y coordinación de las diversas corporaciones policiales es fundamental.
Para finales del mes de febrero, nuevamente se desarrollará una reunión similar pero ahora en la Ciudad de Córdoba, donde las autoridades de salud, de la PGJ, de la PFP y de las policías municipales, junto con los transportistas de carga, deberán tomar decisiones sobre éste delicado asunto de seguridad.
24/01/06
Nota 41128
