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| Columna sin nombre.
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A+ A- Por:
Pablo Jair OrtegaNada que añadir: Presidencia.
No quieren que lo ataquen, pero como Presidente de la República saliente tuvo la peor decisión de su sexenio: la presencia de la fuerza pública federal en Michoacán. El mandatario
Vicente Fox Quesada había negado hasta hace pocos días el uso de la misma, y hoy debe estarse arrepintiendo de haber involucrado a su administración. Se había reservado el derecho de meter orden con el aparato del estado, pese a que algunos momentos a gritos así lo pedían.
El caso más palpable fue el de los macheteros de
San Salvador Atenco . Un bastión rebelde que se vio confrontado con el gobierno federal luego de un oscuro proceso de expropiación de 5 mil 400 hectáreas que afectaban a trece pueblos de los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán (siendo el primero el más afectado en porcentaje de terreno expropiado, con el 70%) donde a los campesinos se les pagaría la irrisoria cantidad de siete pesos por metro cuadrado para construir lo que sería la magna obra del sexenio: el aeropuerto internacional alterno al de la Ciudad de México.
Pero la expropiación implicaba que de un plumazo desaparecerían tierras, casas, terrenos, y todo lo que en un momento les pertenecía a los habitantes del lugar, por una cifra ridícula en comparación al jugoso negocio que son los puertos aéreos. El 21 de octubre de 2001 fue la fecha en que el gobierno federal decidió la expropiación.
Protestas por todos lados, bloqueo de carreteras, etc. Hasta cierto punto la protesta era válida, pero cuando se salió de control la violencia y comenzó a afectar a terceros, hasta los más acérrimos críticos de Fox comenzaron a pedirle al presidente que utilizara la fuerza pública para meter en orden a los atequenses, que ya asomaban machetes e intimidaban a la demás población con sus manifestaciones radicales, que incluso ya se trasladaban al Distrito Federal, donde se vieron en el zócalo y hasta en el mismo aeropuerto.
Fox Quesada aguantó hasta el último minuto, y hasta cierto punto la estrategia resultó correcta: no se utilizó la fuerza pública y el gobierno quedaba como antirepresor, excepto que los que estaban padeciendo de las violentas formas de manifestarse de los atequenses eran los viajeros, los del Estado de México y los del Distrito Federal, temerosos de lo que pudiera ocasionar un machetero furioso y desatado.
Ahí con ese caso en particular, el presidente Fox al no utilizar la fuerza pública, permitió que se blandiera el arma blanca y el riesgo de que la protesta se tornara aún más crucial. Si el ejecutivo hubiese ordenado una inmediata respuesta organizada y bien planeada, los grupos radicales del país, como se dice popularmente, ya hubieran medido al agua a los camotes, sabiéndose a que se atenían con el ejemplo de los campesinos de Atenco.
No es que se apoye la represión, simplemente que la fuerza pública puede actuar cuando es necesario, y eso hubiese evitado muchos problemas. Es más, se hubiese evitado lo de Atenco por lo menos con precios más apegados a la realidad de lo que se les iba a pagar a los campesinos. O por lo menos hubiesen intentado la vía del diálogo. Finalmente, tuvieron que retractarse y hasta anunciar que el aeropuerto de la Ciudad de México todavía aguanta unos años más dando servicio.
Con los mineros pasa algo similar: la falta de diálogo y con ya un antecedente de la falta de respeto a la investidura presidencial y a las fuerzas del orden público, los mineros de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no se tentaron el corazón en organizar un combate feroz en contra de la policía, lo que originó que los agentes utilizaran sus armas de fuego (una decisión por demás estúpida) en contra de la población.
Esto luego de que en lugar de investigar la muerte de 65 mineros en Coahuila, cuyos cuerpos siguen sin rescatarse, el gobierno federal comenzó una persecución judicial en contra de un corrupto líder minero llamado
Napoleón Gómez Urrutia , de la liga extraordinaria de líderes charros del PRI. El asunto que se ha remarcado es que si bien la intención es castigar a un ente como Gómez Urrutia, por sus abusos como dirigente, se contradice todo cuando fue el mismo gobierno federal quien negoció con los líderes sindicales priístas de antaño, permitiéndoles seguir viviendo como millonarios desde inicios de sexenio.
Y lo peor, que trataron de, ahora sí, hacer imponer la fuerza de la Presidencia de la República, a base de pistola. Justo en el momento en que más debe cuidarse la Presidencia para la alternancia.
El gobierno michoacano tampoco contempló lo que sería un escenario caótico, y se le hizo fácil al recientemente despedido Coordinador de la Policía Ministerial, ordenar a sus subalternos que "disparasen a las piernas en caso de que fuese necesario", como si se tuviera la paciencia necesaria para apuntar en momentos tan violentos, y máxime cuando los oponentes estaban defendiéndose con… resorteras.
Así se desencadenaron hechos violentos que políticamente le beneficia al partido en el poder. Michoacán, como cuna perredista, también tiene una amplia responsabilidad en los hechos, y también tendrá un costo político para el sol azteca.
Pero no basta con que la Presidencia, a través de su vocero Rubén Aguilar, exprese que el asunto ya "no tiene nada que añadir" al respecto. Ni que la PGR diga que el gobierno federal tenga responsabilidad alguna. No es posible que con esa ligereza se desatienda de un grave conflicto que el mismo gobierno (de ambos niveles) originó, organizando un operativo de desalojo por demás desordenado, sin planeación estratégica, y sobretodo con el empleo de armas de fuego.
El presidente pedirá que lo dejen en paz. Tiene razón: fue sólo un error y él no ordenó a los policías que mataran a los obreros mineros, pero sí hay responsables de lo que fue la mancha de sangre que teñirá para siempre su sexenio, al igual que a la legendaria familia Cárdenas.
Por cierto que esto muestra la descomposición de las fuerzas policíacas en el país. No por nada, en la revista PROCESO se ha señalado la falta de personal de carrera en el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, y las pruebas son los muertos y heridos en Michoacán. El secretario de
Seguridad Pública Federal , Eduardo Medina-Mora, viene de esas filas.
pablo.jair.ortega@gmail.com
27/04/06
Nota 43455
