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| ¡Yo Acuso!
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A+ A- Gotas de dolor… Un charco de olvido
"Justo es que deshagamos el nudo sin romper el lazo" Iturbide al firmar el Tratado de Córdoba con O’Donojú
Por:
Carlos Morales Tapia .
Tras la firma del Tratado de Córdoba entre Agustín de Iturbide y Juan O’Donojú, El Imperio Mexicano puede darse por satisfecho y culminar una guerra intestina que tuvo más cohetes que muertos, de hecho, lo que propició tal acción, no fue la verdadera búsqueda de la tan ansiada libertad, sino la Revolución Española de 1820, (aunque la independencia se haya firmado nos dijeron en la escuela, en el 810) así como los malos manejos del trono español que hiciera Pepe Botellas, hermano de Napoleón; el resto fue sólo la búsqueda del control de la administración, hoy federal, de parte del grupo de los Liberales que comandó, gracias a atinados manejos de una política similar a la veracruzana, Agustín de Iturbide, a quien "La Güera Rodríguez" proclamara emperador, mandando a un grupo de soldados leales -léase lambiscones- que ebrios, gritaron por las calles del centro del país el ascenso al trono del novísimo gobernante. ¡Viva Iturbide Emperador!
Cien años después, otra guerra intestina, ahora dada entre Masones -léase izquierda y derecha- logró colocar en el país a un gobierno que, gracias a dios -con minúscula- sólo gobernó 76 años, pero lo que hicieron por el país, a pesar de las críticas severas contra el sistema, fue lo mejor que le ocurrió a la nación.
En realidad, las guerras intestinas en México se dieron entre dos grupos principales que aún siguen dando de qué hablar, me refiero al clero católico y la masonería: Hidalgo, Allende, Aldama, grandes maestres de sus respectivas órdenes liderearon grupos armados que, de acuerdo a información proporcionada por estudiosos jesuitas, apenas dispararon unas cuantas balas en contra de gente como Guadalupe Victoria -veracruzano-, la historia vista desde la península nos dice que, México sigue perteneciendo a España y estas son las razones:
La noticia de las renuncias de Fernando VII y Carlos IV al trono de España se recibió en la ciudad de México el 14 de julio de 1808. El grave problema de la vinculación de la Colonia con su metrópoli —había desaparecido la autoridad legítima— fue planteada el día 15 por el virrey José de Iturrigaray al Real Acuerdo —cuerpo formado por los oidores para asesorarlo en los asuntos difíciles—, que sólo acordó no acatar orden alguna de Murat. El día 19, sin embargo, el Ayuntamiento de la ciudad de México, "en representación de todo el reino", entregó al virrey un memorial con los siguientes puntos: que las reales renuncias eran nulas porque fueron "arrancadas por la violencia"; que la soberanía radicaba en todo el reino y en particular en los cuerpos que llevaban la voz pública, "quienes la conservarían para devolverla al legítimo sucesor, cuando se hallase (España) libre de fuerzas extranjeras"; y que, en consecuencia, debía el virrey continuar provisionalmente en el gobierno. Los oidores objetaron la representación que se arrogaron los regidores (21 de julio), pero éstos, aparte de sostener su razón (3 de agosto), propusieron que se reuniera una junta de las principales autoridades de la ciudad —virrey, oidores, arzobispos, canónigos, prelados de religiosos, inquisidores, jefes de oficina, títulos, vecinos principales y gobernadores de las parcialidades de indios— para examinar el asunto, lo cual ocurrió el día 9. El licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico del Ayuntamiento, planteó la necesidad de formar un gobierno provisional y propuso el desconocimiento de las juntas peninsulares, cuya creación se había conocido en México desde el 29 de julio. Los oidores y fiscales se opusieron con vehemencia y opinaron lo contrario, y el inquisidor Prado y Ovejero declaró "proscrita y anatemizada por la Iglesia" la afirmación de que la soberanía había vuelto al pueblo. Convinieron, en cambio, en que Iturrigaray continuara como lugarteniente de Fernando VII, a quien todos juraron fidelidad el 15 de agosto. Para entonces eran ya ostensibles los dos partidos antagónicos: los españoles sospechaban que el Ayuntamiento aspiraba a la independencia, y los criollos suponían que la Audiencia deseaba mantener la subordinación a España, aun sometida a Napoleón.
El 12 de agosto Iturrigaray dispuso que no se obedeciera a ninguna junta peninsular, a menos que fuera creada por Fernando VII, con lo cual, estando el monarca prisionero, se desligaba de toda autoridad en España. El 31 siguiente el alcalde de corte Jacobo de Villaurrutia pidió al virrey que convocase a un congreso, lo cual hizo éste al siguiente día, instando a todos los ayuntamientos del país a que nombrasen sus representantes, y mandando a la capital al regimiento de Infantería de Celaya y al de Dragones de Aguascalientes, cuyos comandantes le eran adictos. Estos hechos persuadieron a los españoles de las intenciones independentistas del virrey y decidieron deponerlo. La noche del 15 de septiembre, 300 hombres, encabezados por el rico comerciante Gabriel de Yermo y con la complicidad de la guardia de palacio, entraron a éste e hicieron prisionero a Iturrigaray, a quien enviaron a la Inquisición con sus dos hijos mayores. Mientras tanto, los oidores, el arzobispo y otros notables, reunidos en la sala de acuerdos, declararon al virrey separado de su cargo y nombraron para sustituirlo al mariscal de campo Pedro Garibay.
Fueron también detenidos el licenciado Verdad,
Juan Francisco Azcárate y Lezama,
José Antonio Cristo y fray Melchor de Talamantes. Este último y Verdad murieron en prisión. A fray Melchor de Talamantes se atribuye haber sido el director intelectual del movimiento. A juzgar por los papeles que se le encontraron, pensaba que no debían elegirse diputados, pues los ayuntamientos eran los representantes del pueblo; y que los delegados de éstos, constituidos en
Congreso Nacional Americano , debían ejercer todos los derechos de la soberanía, "reduciendo sus operaciones a los puntos siguientes:
1. Nombrar al virrey capitán general del reino y confirmar en sus empleos a todos los demás.
2. Proveer todas las vacantes civiles y eclesiásticas.
3. Trasladar a la capital los caudales del erario...
4. Convocar un concilio provisional para acordar los medios de suplir lo que está reservado a su Santidad.
5. Suspender al tribunal de la Inquisición la autoridad civil, dejándole sólo la espiritual, y ésta sujeta al metropolitano.
6. Erigir un tribunal de revisión de la correspondencia de Europa...
7. Conocer y determinar los recursos que las leyes reservaban a S.M.
8. Extinguir todos los mayorazgos y vínculos, capellanías y cualesquiera otras pensiones pertenecientes a individuos existentes en Europa, incluso el estado y marquesado del Valle. 9. Declarar terminados todos los créditos activos y pasivos de la metrópoli...
10. Extinguir la Consolidación, arbitrar medios, indemnizar a los perjudicados y restituir las cosas a su estado primitivo.
11. Extinguir todos los subsidios y contribuciones eclesiásticas, excepto las de media anata y de dos novenos.
12. Arreglar los ramos de comercio, minería, agricultura e industria, quitándoles las trabas. 13. Nombrar embajador que pase a los Estados Unidos a tratar de alianza y "pedir auxilios".
El 25 de septiembre de 1808 se constituyó en Aranjuez la
Junta Suprema Central y Gubernativa que sustituyó a las muchas otras provinciales que se habían formado en España al iniciarse la guerra de independencia, y que en diciembre se trasladó a Sevilla cuando los franceses cruzaron Somosierra. El virrey Garibay reconoció la potestad de ese cuerpo —formado por 34 diputados y presidido primero por Floridablanca y luego, a la muerte de éste, por Jovellanos— y le envió 11 millones de pesos —9 del erario y 2 de particulares—, 100 cañones que fundió Manuel Tolsá, pagados por el Tribunal de Minería, y cientos de fusiles que compró a los ingleses en Jamaica. El acto más importante de su gobierno, por las consecuencias que habría de tener, fue el licenciamiento del ejército acantonado en Xalapa y Perote desde 1806 en previsión de un ataque de los ingleses. Estos 14 mil hombres estaban bajo el mando de oficiales criollos, resentidos por el golpe de mano de los españoles contra Iturrigaray y recelosos de que el país fuera a ser entregado a los franceses. Cuando volvieron a sus lugares de origen, estimularon las conspiraciones en el sentido de la Independencia, dispuestos a defender los derechos de Fernando VII.
El 19 de julio de 1809 el arzobispo de México, Francisco Javier de Lizana y Beaumont, sustituyó a Garibay en el virreinato por instrucciones de la Junta Suprema de Sevilla. En septiembre de ese año empezó en Valladolid (actual Morelia) una conjura para crear una junta que gobernase en nombre del monarca prisionero, si España sucumbía, como todos pensaban, al poder de Napoleón.
Estaban comprometidos los militares
José María García de Obeso,
José Mariano Michelena , Mariano Quevedo, Ruperto Mier y Manuel Muñiz, procedentes del disuelto acantonamiento; los licenciados
José Nicolás Michelena y Soto Saldaña; el cura Manuel Ruiz de Chávez, de Huango; el franciscano Vicente de Santa María y Luis Correa. Denunciados por Francisco de la Concha, cura del sagrario, fueron aprehendidos el 21 de diciembre, fecha en que pensaban poner en ejecución sus planes apoyados por algunos soldados y por los indígenas michoacanos, a quienes habían prometido eximir de sus tributos. El arzobispo-virrey fue muy benévolo con los detenidos, pues siguiendo el clima general de la opinión se inclinaba hacia el partido de los criollos. Persiguió, en cambio a los más exaltados españoles, entre otros a: Marcos Barazaluce, que pretendió viajar a España para pedir su cambio; y al oidor Aguirre y a
Juan López Cancelada , editor de La Gaceta, que lo censuraban, (todavía no había defensoría de periodistas).
En las otras colonias españolas de América ocurrieron acontecimientos semejantes: en Montevideo, el 21 de septiembre de 1808, el gobernador
Francisco Javier Elío constituyó una junta para oponerla al virrey de Río de la Plata, Santiago Liniers y Bremond, simpatizante de los criollos; el 24 de julio de 1809 se formó en La Paz, por el método de cabildo abierto, la Junta Tuitiva, que presidió
Pedro Domingo Murillo , y el 10 de agosto, en Quito, la Junta Soberana, bajo la dirección de
Juan Pío María de Montúfar y Larrea, marqués de Selva Negra. En estos dos últimos casos se trataba de regir esos países de modo autónomo, aunque a nombre de Fernando VII. Los tres organismos se disolvieron antes de 1810. En Nueva Granada, el virrey Antonio Amar y Borbón permitió que se celebrara, del 6 al 11 de septiembre de 1809, una junta de notables donde Camilo Torres propuso la creación de un cuerpo integrado por diputados de las provincias. Aun cuando no se tomó ningún acuerdo, quedaron formados, de hecho, los partidos español y criollo.
En 1810 los franceses ocuparon la mayor parte de España, desapareció la
Junta Suprema Central instalada en Cádiz y se constituyó la Regencia —gobierno de una monarquía en ausencia del rey—, a cuyo Supremo Consejo, con sede en la isla de León, pertenecía Miguel de Lardizábal y Orive, natural de Nueva España. El 14 de febrero se convocó a Cortes —asamblea legislativa— para darle al reino una nueva Constitución, incluyendo por vez primera la asistencia de representantes americanos. La orden para que los ayuntamientos de las capitales nombrasen a sus diputados se publicó en México el 18 de mayo, cuando ya se había separado al arzobispo Lizana y confiado la administración del virreinato a la Audiencia (a partir del día 8 anterior), con lo cual cambió de signo la relación de los criollos con el gobierno. Parte de la proclama que antecedía a la convocatoria estaba dirigida a los españoles del Nuevo Mundo: "Desde este momento —decía— os véis elevados a la dignidad de hombres libres, no soís ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro mientras más distantes estábais del centro del poder, mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Tened presente que... vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores; están en vuestras manos". Aunque este reconocimiento de las demandas de los criollos representaba un esfuerzo para detener las revoluciones de independencia en América, el efecto que provocó fue el contrario. El liberalismo español, sensibilizado por la sublevación popular contra la invasión extranjera, estimulaba sin desearlo los movimientos de emancipación de sus colonias.
El dinero, claro está, provenía de las arcas de los hermanos de las diferentes logias del país que, en su mayoría, se dedicaban al comercio, habían nacido en la colonia y ya no eran españoles peninsulares, sino nativos americanos que eran llamados "Pinches Gachos" -ayudantes agachados- que con el tiempo derivó en Gachupines, como está ocurriendo hoy, pero los comerciantes son miembros de grupos como "Los Caballeros de Colón", de los cuales hay muchos en Xalapa y son uno de los brazos más fuertes del movimiento denominado Yunque, o se encuentran íntimamente relacionados y que trabaja al interior del
Partido Acción Nacional y que es, hasta donde sé, uno de los grupos que se disputa el control del narcotráfico en México, acusación muy seria pero con sustento y que, los Tigres del Norte ilustraron muy bien desde hace ya algunos años, antes de la muerte de Posadas Ocampo: "Los pinos me dan la sombra, mi rancho: Pacas de a kilo". ¡Vaya, incluso muchos apellidos siguen siendo los mismos! ¡Viva México, Cabrones!
Esta es mi opinión, mi teléfono: 2281 45 08 05
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16/09/07
Nota 56364
