¿Cadena perpetua o pena de muerte?

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¿Cadena perpetua o pena de muerte?

Por: Alfredo Tress Jiménez
La semana pasada nos enteramos de una noticia lamentable; un joven de 14 años, hijo de un reconocido empresario mexicano, que había sido secuestrado hace alguna semanas, apareció muerto en la cajuela de un automóvil en el Distrito Federal a pesar de que sus padres habían pagado un millonario rescate, hasta el momento se desconocen los detalles de su deceso.

Este caso que se asemeja al asesinato de Karina, joven veracruzana originaria de Ciudad Mendoza, y a muchos otros casos que en los últimos meses han proliferado de manera lamentable y los responsables de la seguridad pública no tan solo muestran su ineptitud, sino que en muchas ocasiones son vinculados en estos actos aberrantes.

Derivado del último acontecimiento, el presidente de México, Felipe Calderón, ha anunciado el envío de una iniciativa al Congreso de la Unión para establecer la cadena perpetua y castigar a los secuestradores que hagan daño a sus víctimas, dirigida esta iniciativa a los policías o que hayan sido policías. En su mensaje, Calderón precisó que en su iniciativa de ley se propone la cadena perpetua para los secuestradores que sean o hayan sido integrantes de instituciones de seguridad pública, para los que secuestren a un menor de edad e intenten llevárselo a otro país con fines de lucro. También para los que lesionen, mutilen, torturen, lastimen gravemente o priven de la vida a sus víctimas, así como para quienes secuestren a discapacitados.

Algunos legisladores priistas fueron más allá y proponen la pena de muerte, tema muy delicado en nuestro país, ya que aún tratándose del peor delito que alguien pueda cometer, esta pena atenta contra los derechos humanos y convierte en asesino también a quien la aplica.

Aunque bien valdría la pena explorar este tema, primeramente en términos jurídicos, de profesionalización y honorabilidad de policías y jueces; así como la necesaria consulta ciudadana amplia para conocer los pro y contra de la mayoría de los mexicanos.

Actualmente el uso de la pena de muerte ha sido abolido en casi todos los países europeos (excepto Bielorrusia), y la mayoría de los correspondientes a Oceanía (como Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental). En América, Canadá y la mayoría de países latinoamericanos han abolido completamente la pena de muerte, mientras que en algunos estados de la Unión Americana, Guatemala y la mayoría de los estados del Caribe la mantienen en vigor, Brasil la contempla como castigo en situaciones excepcionales, como por ejemplo para castigar la traición cometida en tiempo de guerra. En Asia la pena de muerte está permitida en democracias como Japón e India. En África, se aplica aún la pena de muerte, así también en Botswana y Zambia. Estados Unidos ejecutó la semana pasada a un joven mexicano de 33 años en medio de protestas y de un juicio enrarecido, existiendo actualmente al menos otros cinco mexicanos que también esperan su turno, en tanto las cortes internacionales hacen hasta lo imposible para impedirlo. La pena de muerte, resulta una violación de los derechos humanos, conduce a ejecuciones de algunos inocentes y supone una discriminación de hecho contra las minorías y los pobres que puedan no tener recursos suficientes en el sistema legal.

Según el informe anual de ejecuciones judiciales de Amnistía Internacional, en el año 2003 fueron ejecutadas al menos 1146 personas en 28 países. El 84% de las muertes documentadas ocurrieron en cuatro países: la República Popular China llevó a cabo 726 ejecuciones, Irán mató a 108 personas, Estados Unidos a 65 y Vietnam a 64. La última nación en abolir la pena de muerte para todos los crímenes ha sido Albania a principios de 2007.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó en 2007 una histórica resolución contra la pena de muerte. Con 104 países a favor, 54 en contra y 29 abstenciones, el pleno expresó su preocupación frente a los Estados que mantienen la pena de muerte, exhortando a que la supriman. Asimismo, pidió a los Estados que la han eliminado, que no la reestablezcan. Consideró que el uso de la pena capital menoscaba la dignidad humana, y está convencida de que una moratoria de la aplicación de la pena de muerte, contribuye al mejoramiento y el desarrollo progresivo de los derechos humanos, que no hay pruebas concluyentes del valor de la pena capital como elemento disuasorio, y que todo error judicial o denegación de justicia en la ejecución de la pena capital es irreversible e irreparable. En México desde 2005 la pena de muerte está abolida, respetando así el derecho a la vida.

En cuanto a la cadena perpetua en México, el artículo 366 del Código Penal Federal ya establece una pena de hasta 40 años al secuestro común, de 50 años al secuestro agravado por lesiones y de 70 años en el caso de un secuestro donde se prive de la vida al secuestrado, como es el caso del niño Fernando Martí y el de Karina Reyes. Por lo tanto, en la propuesta del Presidente Calderón se observa que sólo busca resultados mediáticos, ya que por la ineficacia e ineficiencia de su gobierno para detener la actividad delictiva, lanza iniciativas que convertidas en ley muy difícilmente detendrá la alarmante delincuencia que existe en nuestro país. Las leyes para estos temas ahí están, solo falta aplicarlas con determinación y mano dura.

Definitivamente será sano cumplir la ley y aplicar todo su peso contra los secuestradores; personas sin escrúpulos que no se tocan el corazón para hacer daño no solo a la víctima sino a los familiares, quienes tras una experiencia como ésta quedan muertos en vida, por ello estos delincuentes merecen la pena máxima. En esta tarea estamos involucrados todos los legisladores, debemos hacer lo necesario para que las reformas que procedan derivadas de su análisis correspondientes, sean consideradas inmediatamente en nuestras leyes; sin embargo, se deben quitar cualquier tinte demagógico, político o mediático que distorsione la realidad.

Con la aplicación de penas severas se logrará reducir visiblemente la inseguridad desbordada que actualmente padecemos, deben también revisarse los códigos penales y poner atención a los demás delitos para que se endurezcan las penas y así los delincuentes piensen dos veces antes de cometer un ilícito, pero lo más importante es limpiar los cuerpos policíacos de elementos corruptos y de verdaderos hampones, eliminar la cultura de la impunidad y la complicidad, y sobre todo, acabar con la negociación política de la ley, en ese tema deben centrar la atención los gobiernos estatales y federales. La ley es la ley y debe aplicarse.

La Pena de Muerte deberá estudiarse a fondo, revisar su aplicación y consultar al pueblo para su instrumentación o no, se debe ser cauto, pero lo cierto es que los mexicanos ya no creemos en los sistemas de procuración de justicia y seguridad pública, ¿será que debemos volver al lo que antes se hacia, ojo por ojo, diente por diente?. ¿Usted qué opina?
alfredotress04@yahoo.com

12/08/08 Nota 64547 

	Veracruz Se Pronuncia por la Cadena Perpetua a Secuestradores.
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